El pasado 17 de diciembre, el pleno legislativo del Ecuador aprobó una ley que, según sus impulsores, beneficiará al sector cinematográfico y audiovisual del país, específicamente en términos de empleo. ¿Supone esto una nueva era para el cine ecuatoriano? Te lo explicamos.
La Ley Para La Transformación Digital y Audiovisual fue aprobada en diciembre del 2022 por el pleno de la Asamblea Nacional y pasó al Registro Oficial el pasado 31 de enero con una sola objeción del poder ejecutivo.
El sector audiovisual y cinematográfico del Ecuador, a través de la Corporación Promotores Audiovisuales de Ecuador (COPAE) fue uno de los impulsores de esta ley, específicamente en lo que concierne al sector audiovisual, lo cual básicamente se trata de la creación del Certificado de Inversión Audiovisual y la facilitación de trámites aduaneros para productoras audiovisuales.
La presidenta del COPAE, Mariana Andrade, explicó en una entrevista que este planteamiento lo vienen trabajando desde antes de la posesión del actual gobierno. Según Andrade, la propuesta fue presentada tanto al equipo de Guillermo Lasso como al de Andrés Arauz, cuando ambos todavía eran candidatos a la presidencia.
La aprobación de esta ley, que obtuvo una mayoría absoluta en el Pleno de la Asamblea, resulta notoria en el actual contexto político del país, en el cual el poder ejecutivo tiene una relación hostil con la Asamblea y no ha logrado aprobar leyes importantes en materia económica.
Así mismo, resulta notorio que la ley provenga desde un gremio, es decir, desde la sociedad civil y no desde el gobierno.
¿Cuáles son los beneficios de esta ley?
La Ley para la Transformación Digital y Audiovisual trae consigo una serie de beneficios dedicados al sector audiovisual. Existen otras aristas para la transformación digital del sector público y privado, pero en este texto nos enfocaremos en lo que concierne al sector audiovisual.
En primer lugar, la Ley establece al sector audiovisual como un sector “de interés nacional”. En segundo lugar —y quizás lo más importante de esta legislatura— es que, como se mencionó anteriormente, crea el Certificado de Inversión Audiovisual (CIA).
Este certificado es un título de valor que el Estado ofrece a inversionistas extranjeros como incentivo para que produzcan en Ecuador. Según lo establece la Ley en su artículo 39, el certificado:
Será emitido por el SRI a favor de productoras nacionales y extranjeras por el 37% de los costos y gastos que incurran en el Ecuador en servicios audiovisuales y logísticos necesarios siempre que se encuentren soportados en comprobantes de venta válidos. El CIA es un título de valor y podrá ser utilizado como crédito tributario de los impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas.
“Ese es un certificado de valor, es un crédito tributario que luego de que tú has filmado, de que tú has pagado todo, de que ya hiciste la película, todo se convierte en un crédito tributario, un título de valor. Lo negocias en la bolsa como inversor extranjero con tu productor local y el Estado, alguien compra eso y lo utiliza para pagar todos los impuestos“, explica Mariana Andrade.
Según Mariana Andrade, presidenta del COPAE, el planteamiento para esta ley lo vienen trabajando desde antes de la posesión del actual gobierno.
Es decir, el Estado ecuatoriano devuelve indirectamente el 37% de lo invertido en el país a las productoras extranjeras.
La ley también fija: un régimen especial de exoneración tributaria para la importación de bienes de capital para producciones; del Impuesto a la Salida de Divisas a los pagos en el exterior por productos, salarios o viáticos para esta actividad; del Impuesto a la Renta en pagos al exterior por la prestación de servicios en la producción audiovisual; y, del Impuesto al Valor Agregado a los servicios digitales avalados por el Servicio de Rentas Internas.
Economía naranja
Como lo recoge Pablo Cardoso, economista y director del Observatorio de Políticas Culturales de la Universidad de las Artes, la ley corresponde a un tipo de política pública de una visión económicamente liberal. Esto pone en debate el tipo de políticas públicas que el sector cultural necesita.
Para Cardoso, esta es una ley “clásica de economía naranja”, en la cual “la forma de incentivar la cultura es a través de beneficios y de exenciones tributarias o arancelarias. Es decir, menos intervención del Estado”.
Para Pablo Cardoso, economista y director del Observatorio de Políticas Culturales de la Universidad de las Artes, la ley corresponde a un tipo de política pública de una visión económicamente liberal.
La economía naranja “es un enfoque promovido por el BID que tiene que ver con la producción industrial y con la generación y extracción de valor agregado a partir de diversas producciones creativas y de la producción intelectual”, explica Gabriela Montalvo, economista e investigadora de economía de la cultura.
Para Mariana Andrade, esto tiene sentido por la naturaleza misma del cine. “El cine siempre ha sido industria, desde su nacimiento”, dice. “Lo vemos en sus maneras de producción: la distribución, la circulación, la exhibición. Son inseparables”, reflexiona.
“Esta es una oportunidad sumamente grande, creo que la gente no está viendo el gran potencial que tiene esto para atraer esos grandes capitales para contenido audiovisual en la región”, agrega Arturo Yépez, productor audiovisual y gerente operativo de 2bLatam (antes Touché Films).
Según Arturo Yépez, productor audiovisual y gerente operativo de 2bLatam, esta ley tiene un gran potencial «para atraer esos grandes capitales para contenido audiovisual en la región».
El efecto multiplicador de la industria audiovisual es uno de los atractivos más grandes de esta ley. Y es que los procesos de producción audiovisual tienen “unos encadenamientos súper fuertes y súper dinámicos en términos económicos”, según Montalvo.
En palabras de Arturo Yépez, “hay muchísimas necesidades que tiene una película en su etapa de producción que beneficiaría a varios sectores, no solo al sector audiovisual”, como lo son los sectores dedicados a hotelería, gastronomía, construcción, decoración, textil, entre otros.
Por esta misma razón, opina Montalvo, es una medida “urgente”, aunque advierte que “no debería constituirse en el total de la política pública”.
Fomento estatal
“[Incentivar la industria mediante exenciones tributarias] no me resultaría problemático si es que no viéramos que, por otro lado, los presupuestos de las instituciones culturales están disminuyendo”, alerta Cardoso.
Y, en efecto, estos incentivos tributarios suceden al mismo tiempo en el que los presupuestos destinados al Sistema Nacional de Cultura se ven reducidos significativamente. El presupuesto del Ministerio de Cultura ha sufrido una disminución continua de su presupuesto en los últimos años.
En 2021, el presupuesto de esta entidad fue de alrededor de $19.65 millones de dólares y en 2022 se redujo a cerca de los $18 millones.
Por otro lado, en 2022 el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación (IFCI) no realizó convocatorias para el fomento al cine y las categorías lanzadas para el 2023 son insuficientes o “de juguete”. Así lo denunció el cineasta Javier Izquierdo.
En 2022, el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación (IFCI) no realizó convocatorias para el fomento al cine.
El IFCI es un organismo adscrito al Ministerio de Cultura y Patrimonio encargado de las líneas de fomento dedicadas a promover el arte y la cultura del país. Este instituto nació de la fusión del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) y el Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividad (IFAIC), por decreto del expresidente Lenín Moreno, en el año 2020.
Esta medida fue denunciada como inconstitucional por distintas agrupaciones y gremios del sector audiovisual (incluido la COPAE), debido a que el ICCA fue una institución creada y establecida por la Ley Orgánica de Cultura (2016).
La Coordinadora del Cine y el Audiovisual Ecuador dentro del contexto de la programación del Festival EDOC – Encuentros del Otro Cine dará un pronunciamiento a la Corte Constitucional para que nos den respuesta sobre la Demanda en contra de la fusión inconstitucional de ICCA ? pic.twitter.com/CyJ4ixkruF
— COPAE Ecuador (@COPAE_Ec) October 15, 2022
¿Colombia, el modelo a seguir?
La principal referencia que los productores como Mariana Andrade y Arturo Yépez tienen es Colombia. En el país vecino funciona una serie de leyes que fomentan la producción audiovisual de distintas maneras.
Desde 1997, con la creación de La Ley General de Cultura se posicionó al sector audiovisual y cultural como un sector de interés nacional y se creó un plan nacional de estímulos para la industria.
En Colombia, desde 1997, con la creación de La Ley General de Cultura se posicionó al sector audiovisual y cultural como un sector de interés nacional y se creó un plan nacional de estímulos para la industria.
En 2003, el país vecino aprobó la Ley de Cine, donde se estableció un Fondo de Desarrollo Cinematográfico, el cual es una línea de fomento para el cine financiado por aportes tributarios impuestos a los exhibidores, distribuidores y productores de largometrajes en el país. Además de establecer beneficios tributarios para quienes donen o inviertan en producciones audiovisuales.
En 2012 con la aprobación de la Ley de Filmación se creó el Fondo Fílmico Colombia que funciona de manera muy similar al Certificado de Inversión Audiovisual aprobado en Ecuador. Además se creó la Comisión de Promoción Fílmica Colombia, la cual busca promocionar al país como destino de productoras internacionales.
Es decir, la política pública que desarrolló la industria colombiana en dos décadas no se enfoca solamente en las exenciones tributarias, sino que es una articulación de tres ejes: fomento estatal, incentivos tributarios y promoción del país como destino.
***
El balance general de esta ley es favorable hacia los ojos de los productores audiovisuales y especialistas en economía de la cultura consultados para esta nota. No obstante, el fomento estatal no deja de ser indispensable para desarrollar una industria incipiente en el país.
“No podemos pretender que todos nuestros modelos de producción cultural sean pensados como empresariales”, asegura Cardoso, quien pone como ejemplo los modelos de países como España, Italia, Francia o Argentina, los cuales ofrecen grandes subvenciones estatales a la producción cinematográfica y cuentan con una industria sólida.
Por otra parte, “esta ley no se enfoca en el desarrollo del cine de autor de Ecuador, sino en el desarrollo de la industria audiovisual del país, donde de manera secundaria se beneficie el cine en general”, explica Yépez.
La misma visión mantiene Andrade quien asegura que “hay que diferenciar el apoyo y fomento cultural, que tiene que ver con lo simbólico, lo identitario y lo social, de este otro campo que es el económico” y que “tenemos que pedir que nos devuelvan [el ICCA], porque [su disolución] fue inconstitucional”.
Lo sano, explica Montalvo por su lado, sería alimentar los tres circuitos de producción cultural: el independiente, el comercial y el público, ya que estos generan conexiones entre sí y se alimentan el uno del otro. “Me parece que al promover un ambiente donde fomentas la producción comercial es más probable que tengas más oportunidades para la producción independiente”, añade.
«Al promover un ambiente donde fomentas la producción comercial es más probable que tengas más oportunidades para la producción independiente”, Gabriela Montalvo, economista e investigadora de economía de la cultura
Por lo pronto, hay que esperar que la Ley de Transformación Digital y Audiovisual sea normada por el poder ejecutivo para que esta entre en vigencia plenamente. Además, según señala Andrade, la COPAE está a la espera de que se cree una comisión fílmica que, al igual que en el caso colombiano, promueva al Ecuador como destino de producción.
También está en espera la demanda constitucional presentada por varios cineastas y productores como María Fernanda Restrepo, Sebastián Cordero, Juan Martín Cueva, Ana Cristina Barragán, entre otros, ante la Corte Constitucional por la eliminación del ICCA, la cual ya fue aceptada y está en trámite para su sustanciación, lo cual podría cambiar el rumbo de una visión “liberal” que han adoptado los dos últimos gobiernos para fomentar la industria audiovisual local.
Fuentes consultadas:
El sistema de estímulos a la industria audiovisual en Colombia; Moreno Cano, Antonia et al
Made in Colombia: el sello del boom audiovisual; Lina Vargas Vega
¿El Fin Del Cine Ecuatoriano?; Javier Izquierdo
