Tras el anuncio de “reestructuración” estatal por parte del presidente y la consecuente desarticulación de varios ministerios, entre ellos el de Cultura y Patrimonio, actores sociales de diferentes frentes se tomaron las calles. Aquí algunas claves para entender las protestas del sector cultural.
Por Juan. S. Jaramillo
El 24 de julio, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció una reestructuración voraz del Estado: reducir la cantidad de ministerios de 20 a 14 y de secretarías, de nueve a tres. Esta “remodelación” institucional con olor a demolición generó el repudio de varios sectores sociales de la población.
El sector cultural rechazó contundentemente la acción del presidente y fue de los primeros en llamar a protestas y en efectivizarlas. ¿Realmente necesita el país eliminar el Ministerio de Cultura y Patrimonio?, es una pregunta que nos hacemos muchos a quienes nos atraviesa el quehacer cultural.
El Decreto Ejecutivo número 60 anunciaba, entre otras movidas, la absorción del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Deporte y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por parte del Ministerio de Educación.
Este anuncio franckensteinoide se dio pocos días después de la mediática extradición del líder criminal alias Fito y de los nuevos acuerdos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para “gozar” de nuevos desembolsos del ente con sede en Washington.
Un movimiento que dejó desconcertados a muchos artistas, gestores, activistas, productores, así como personal de los organismos de Archivo, Patrimonio y Fomento cultural del Estado. Es decir, al sector artístico-cultural ecuatoriano en su conjunto. La decisión, además, se da en un contexto extendido de desinversión sostenida que revela un patrón sistemático de abandono que trasciende gobiernos y ciclos económicos.
Estas cifras, obtenidas del Ministerio de Finanzas, solo indican los presupuestos asignados al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Sin embargo, existen otros rubros para el sector cultural.
Mientras que el resto del mundo ha hecho de la cultura un eje de política exterior, identidad nacional y desarrollo económico, en Ecuador, la inversión pública cultural representó apenas el 0.34% del gasto del Presupuesto General del Estado en 2023. Es decir, la inversión pública es paupérrima y la inversión privada casi inexistente en este sector.
La protesta del gremio cultural no es caprichosa ni repentina. Tiene raíces profundas y responde a un proceso de debilitamiento constante que ha ido acumulando rabia, frustración e impotencia. Para entender mejor por qué esta medida ha encendido tantas alarmas, conviene mirar la situación desde varios frentes: lo social, lo económico, lo institucional y lo político.
1. En lo social
El sector cultural sigue siendo excluido y poco valorado en la sociedad ecuatoriana. No alcanza la tinta para explicarlo todo, pero ya sabemos (desde hace rato) que el ecuatoriano arrastra serios conflictos con su identidad.
No tenemos claro quiénes somos ni hacia dónde vamos. De lo poco que creemos saber, extraemos elementos como la viveza criolla, la hora ecuatoriana, la corrupción, el alcoholismo, el racismo, el clasismo y la violencia como rasgos identitarios generales. Cosas, precisamente, de las que no deberíamos estar orgullosos.
A gran parte de la sociedad le incomoda —y no entiende— por qué el sector cultural exige fondos y políticas públicas que fomenten su desarrollo. Esto tiene mucho que ver con lo económico. Las expresiones culturales —es decir, las artes— casi nunca han sido una fuente real de sustento para una porción significativa de la población.
Quienes han logrado vivir del arte en Ecuador son pocos, y eso ha reforzado la idea de que “si eres artista, te morirás de hambre”. Entendamos a “artistas” como un paraguas que abarca múltiples profesiones: músicos, cineastas, artistas plásticos y visuales, teatreros, bailarines, diseñadores, entre otros.
A pesar de que la evidencia en otros países demuestra que el arte puede ser un verdadero motor de desarrollo económico, en Ecuador sigue dominando la percepción de que es un desperdicio de tiempo y dinero.
Esta falta de reconocimiento social tiene consecuencias directas sobre cómo se diseña y ejecuta la política pública. Ahí entramos en el plano institucional, donde se evidencia un desmantelamiento progresivo.
2. En lo institucional
El Decreto 60 enfrenta serios cuestionamientos sobre su legalidad. La principal objeción proviene de lo establecido en la Ley Orgánica de Cultura, aprobada en 2016.
Esta ley establece la existencia del Sistema Nacional de Cultura, conformado por todos los organismos públicos relacionados con cultura a nivel nacional: la Casa de la Cultura y sus núcleos, el Archivo Nacional, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, los GADs, e institutos como el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI) y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA).
(Este último fue eliminado por el gobierno de Lenín Moreno y “devuelto” por el gobierno de Guillermo Lasso).
A su vez, el artículo 16 define al Ministerio de Cultura y Patrimonio como el «ente rector» de este sistema. La disolución de dicho ministerio se percibe, por lo tanto, como una contravención directa a la estructura legalmente establecida.
El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), Fernando Cerón, expresó públicamente su preocupación y rechazo. Según un comunicado de la institución, la decisión de fusionar los ministerios de Cultura y Educación representa un «retroceso a las luchas históricas de un sector constantemente relegado y debilitado». Cerón calificó el decreto como un «golpe directo a la institucionalidad cultural del país y a una agenda pública construida con años de lucha».
Fue también el primero en hacer un llamado a artistas, gestores, educadores y a la ciudadanía en general a organizarse y defender la institucionalidad cultural.
Vale la pena recordar que la misma Ley Orgánica de Cultura permitió, por primera vez, una participación directa y una representación real del sector artístico en la administración pública de la cultura. En 2021, gracias a los avances de esta ley, los miembros del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC) eligieron por voto directo al presidente de la CCE y a los directores de sus núcleos provinciales.
Pero el abandono ya venía desde antes a través de un grave deterioro institucional. El Sistema Integral de Información Cultural (SIIC), la herramienta oficial para registrar, monitorear y planificar la política cultural, no publica datos actualizados desde el 2021.
Su inactividad vulnera el artículo 81 de la misma Ley de Cultura, que exige un sistema funcional para evaluar el cumplimiento de derechos culturales. O sea que en los hechos, la política cultural opera a ciegas, sin métricas ni evaluación pública.
Ni siquiera sabemos cuál es el impacto de la cada vez más golpeada política cultural que hemos manejado los últimos años y la estamos mandando al tacho.
3. En lo económico
“Si eres artista, te morirás de hambre”, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y la evidencia a nivel global dice lo contrario.
El sector cultural, además de tener valor simbólico y social, es una máquina económica que genera empleo, exportaciones e innovación. Según datos de la UNESCO, las industrias culturales y creativas (ICC) aportan el 3.1% del PIB mundial y generan el 6.2% del empleo global. Ese impacto supera al de varios sectores tradicionales que sí gozan de reconocimiento y financiamiento.
Lo que marca la diferencia entre países que han logrado potenciar este sector y los que no, es la voluntad política. Algunos ejemplos en la infografía.
Eliminar el Ministerio de Cultura no es solo borrar un casillero del organigrama estatal. Es ignorar el potencial económico de un sector que, bien apoyado, podría generar empleo, exportaciones y diversificación productiva. Algo que no vendría mal en un país asediado por el narcotráfico, la violencia, el empleo informal y la falta de oportunidades para la población general.
Sí, el Estado tiene un déficit enorme. Si bien la información no es 100% transparente, el Gobierno ha justificado la fusión con el argumento del ahorro. Según el ministro de Finanzas, la reestructuración generaría USD 140 millones anuales, principalmente en recorte de sueldos y estructuras duplicadas (Primicias, 24 de julio de 2025).
Pero este supuesto ahorro palidece frente al valor económico del sector cultural, que según cifras del propio Estado representa el 1.87% del PIB ecuatoriano, es decir, unos $2.200 millones por encima de sectores como la pesca o agricultura de subsistencia (Cuenta Satélite de Cultura, INEC 2023).
Además, política pública no necesariamente es igual a aumentar presupuestos. Política pública es también fomentar ambientes que promuevan el desarrollo del sector, a través de las capacidades legislativas y operativas del Estado.
Ahora bien, detrás de todas estas cifras y omisiones hay algo más profundo. Porque lo económico, lo institucional y lo social no se entienden sin el marco político que los permite o los limita. Y lo que está pasando con el Ministerio de Cultura es, ante todo, una decisión política.
4. En lo político
Eliminar el Ministerio de Cultura y Patrimonio no es una medida aislada ni un simple reordenamiento institucional. Es una decisión profundamente política que revela la visión de un Estado que ya no concibe la cultura como un derecho ni como motor de desarrollo, sino como un lujo prescindible.
El Decreto Ejecutivo 60, firmado por Noboa, oficializó esta postura sin ofrecer garantías técnicas ni presupuestarias para su continuidad funcional. Al no tener «ente rector del Sistema Nacional de Cultura», como establece la ley, nos quedamos sin un ministerio especializado, de manera que el sistema cultural queda huérfano de gobernanza técnica, normativa y presupuestaria.
Además, este tipo de reestructuraciones no fueron parte del plan de gobierno presentado por Noboa durante la campaña, lo que pone en duda su legitimidad democrática.
La medida ocurre justo después de los nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que implican recortes en el gasto público por hasta el 1.2% del PIB anualmente (FMI Staff Report, Ecuador 2024).
Esto no es casual: se trata de una receta clásica de ajuste estructural donde la cultura, por no ser vista como “productiva” a corto plazo, es la primera en ser sacrificada. Algo que, como ya vimos, viene sucediendo sistemáticamente desde 2015.
En el fondo, esta es una disputa entre dos modelos de Estado. Por un lado, el modelo constitucional que concibe la cultura como un derecho, una herramienta de cohesión social y un pilar del desarrollo sostenible.
Por otro, un modelo neoliberal, que promueve un Estado mínimo y desmantela lo público para favorecer únicamente aquello que sea rentable, medible o privatizable.
Es cuestión de contexto. En los últimos cuatro gobiernos, Ecuador ha aplicado sucesivas amnistías tributarias: perdones masivos de intereses y multas a quienes le deben al Estado.
La excusa siempre ha sido la misma: “aliviar la carga” y reactivar al sector privado. Pero la realidad es otra: ni ha crecido el empleo, ni ha bajado la pobreza, ni ha llegado más inversión extranjera. Incluso el propio FMI exige no solo recortes de gasto, sino también aumentar los ingresos fiscales.
Entonces, ¿por qué el único ingreso que se ha incrementado es el del IVA, que recae sobre los bolsillos más pobres? ¿Por qué no se combate la evasión fiscal, que le cuesta al país más de $6.000 millones de dólares al año? ¿Por qué se condonan deudas a grandes grupos económicos como el Grupo Noboa —la familia del presidente—, mientras se desmonta un ministerio entero que da trabajo, memoria y sentido a miles de personas?
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No se trata solo de defender un ministerio. Se trata de defender la justicia social, el derecho a la identidad, a la memoria, a la diversidad cultural y a imaginar un futuro común que no esté subordinado a los dictados del mercado, ni a los intereses de un grupo reducido.
Por todo esto el arte hoy se declara en resistencia: porque cuando el Estado renuncia a su deber de garantizar los derechos culturales, es la cultura la que se levanta para recordarle que sin arte no hay memoria, no hay pensamiento crítico, no hay identidad ni cohesión. No hay futuro deseable.