Catherine Torres Cabanilla, autora de la columna. Diseño: Xavier Vinueza
¿Realmente existen teatros en Ecuador?
Desde la perspectiva de una graduada en ciencias políticas y relaciones internacionales, feminista y activista por los derechos humanos
Por: Catherine Torres Cabanilla
Hace un mes, Cometa Sucre y Abbacook, bandas ecuatorianas, hicieron público en sus redes sociales que se cancelaría un evento que estaban planeando desde hace mucho tiempo por dificultades y prolongamientos de permisos municipales. Este habría sido un festival de dos días con seis bandas y artistas, previsto para la segunda semana de abril del presente año en el Teatro Sanchéz Aguilar. El Teatro, tras ninguna respuesta del municipio de Samborondón, decidió cancelar el evento por falta de tiempo para difundir y promocionar.
Creo que quienes vivimos en el Guayas estamos cansadxs de la frecuencia con la que ocurren este tipo de situaciones: al arte no se le da cabida ni importancia. Murales pintados de gris, conciertos y festivales musicales cancelados, museos cerrados por falta de financiamiento y teatros con constantes obstáculos que impiden su mantenimiento y gestión. Yo, un poco harta y, como decimos acá, arrecha de esto, decidí indagar por qué en guayaquil a los teatros —que son espacios culturales— se los envuelve en tanta burocracia para poder funcionar.
Marco legal
Empecemos porque en Ecuador, al arte y a la cultura se los engloba en el concepto de “entretenimiento” o “espectáculo público”. Sí, varía un poco dependiendo del GAD pero básicamente: en el mismo cajón donde encontramos concursos de belleza, karaokes, discotecas y las antiguas corridas de toros, también podemos encontrar galerías de arte, teatros, microteatros y demás espacios culturales. Entonces, no es sorpresa que les venga a contar que no existe alguna tipificación legal que respalde a las instituciones teatrales, o peor aún, que avalen su existencia.
Para poder abrir un teatro, como cualquier otro espacio que tenga algún tipo de actividad económica, se busca en el listado de la Clasificación Industrial Uniforme (CIIU) la actividad económica que compete al terreno. Ni en Quito ni en Guayaquil existe —por jurisdicción de sus GADs— una actividad económica teatral. Es por esto por lo que quienes son dueñxs de teatros tienen que buscar la clasificación que más se asemeje a un teatro y las competencias del mismo —lo cual es un pito en el futuro, porque para poder abrir cualquier cosa en este país se necesitan miles de permisos con miles de instituciones diferentes que no trabajan entre sí—.
Para ponerlxs un poco en contexto, la CIIU es parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Acá les dejo para que chequeen a profundidad de qué trata y cuál es su objetivo; para este artículo quiero enfatizar la división de las clasificaciones. En la clasificación R entra el arte y la cultura bajo la tipificación de “Artes, Entretenimiento y Recreación” (CIIU 4.0, pág. 213). En ninguna instancia se habla de teatros como instituciones o espacios culturales ni lo que engloban las actividades dentro de un teatro.
Fachada del teatro Sánchez Aguilar. Foto: cortesía del teatro
¿Por qué esto es un problema? El lenguaje es la primera herramienta de violencia, y en este caso, de invisibilización. Si todo lo que no compete a la industria comercial, agro o fabricación lo metemos dentro de un solo saco —arte, cultura, deporte, entretenimiento— las medidas, restricciones, presupuestos y agenda gubernamental pueden caer en la posibilidad de olvidarse de las ramas dentro de la misma. Es por esto por lo que se requiere urgentemente, una separación del arte y la cultura del área de entretenimiento. Para así lograr una representación, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, justa y pertinente.
Un claro ejemplo de la práctica de lo solicitado en el párrafo anterior es Argentina, que tienen sacos diferentes para cada sector, existe un presupuesto grandísimo para apoyar al arte y la cultura y existe una representación que logra la implementación de políticas públicas respectivas. El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) hizo un breve recorrido de las políticas culturales desde 1983 al 2019 donde mencionan:
Cuándo Cultura tiene rango de Secretaría dentro de una estructura ministerial, comparte su asignación presupuestaria, aun cuando el monto asignado no pueda gastarse en otra cosa. Esto también influye en la representatividad. (…) La asignación de recursos económicos al área manifiesta, tanto desde el ámbito político como desde el administrativo, la intención, apoyo y prioridad que se le asigna.
Concluye que, si existe una representación en el marco legal, los fondos asignados serán exclusivamente para esta. Así, protegiendo que el presupuesto sea utilizado solamente para este sector. Comparado con Ecuador, donde el Ministerio de Cultura y Patrimonio y ordenanzas municipales de Guayaquil y Quito envuelven el entretenimiento y el deporte en un mismo saco. Y, al hacerlo así, no hay separación de fondos ni representación que respalde cada departamento.
Por otro lado, en el artículo #380 de la Constitución del Ecuador se dicta que las responsabilidades estatales frente a la cultura son “apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas” implementando políticas públicas, garantizando fondos, diversidad y la difusión masiva de las mismas, entre otras.
Lo más chistoso es que si nos sumergimos en las leyes del país encontramos que, sí, evidentemente existe un Ministerio de Cultura y Patrimonio el cual trabaja de la mano con el Sistema Nacional de Cultura y por ahí mismo encontramos el famoso RUAC, Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que en papeles tiene un buen propósito pero en la realidad, registrarte acá solo sirve para destacar tu existencia como artista o institución cultural. No hay seguridad social pero sí el “beneficio” de facturar con el 0% de iva. Sin embargo, para facturar con iva 0% como institución o espacio teatral, el RUAC te pide que tu actividad económica sea “teatro” y, como vimos anteriormente, esta no existe.
¿Existen los teatros?
Lo que no se comunica, no existe. Y como no existe, no hay políticas públicas que respalden o justifiquen las actividades de los teatros en Ecuador como parte de programas culturales. En este país, el arte y la cultura son parte del 1,93% del PIB (2019) (si es que no es más por las actividades que no figuran en esta estadística), lo cual representa 2,072 millones de dólares del total de 107,4 millones de ese año. A esto, lo llamamos economía naranja, como lo explica Morales (s.f.):
La economía naranja hace referencia al mundo de la cultura, la industria creativa y la creación de contenido. Se denomina, por tanto, universo naranja a todas aquellas actividades que transformen el conocimiento en un bien o un servicio que trate de fomentar, además del beneficio económico, el desarrollo de la cultura y la creatividad. Es decir, actividades que, al igual que el cine, se encuentran dentro del mundo de la cultura.
Como me narraba Ramón Barranco, Director artístico del Teatro Sánchez Aguilar, en una entrevista, si prestamos atención, son muy pocos los conciertos en teatros en Guayaquil —en comparación con Quito y Cuenca— siendo la ciudad más grande geográficamente y más poblada, por la cantidad de impuestos municipales para abrir las puertas. Ramón comenta, “los derechos de autor no son impuestos”; a raíz de su explicación sobre cómo se le pagaba a la SAYCE el 25% de impuestos por derechos de autor cuando estos no deberían ser impuestos sino, como funciona en otros países, pagado el monto a una Sociedad de Gestión Colectiva de teatro —la cual no existe en Ecuador— o a la junta de beneficencia por equis motivo.
En el contexto del COVID-19, conversando con Juana Guarderas, actriz y dueña del teatro Patio de Comedias, me comentaba que para poder ejecutar proyectos los permisos pasan con la tipificación de reactivación de la economía mas no una reactivación de espacios culturales y artísticos. Esto enfatiza que a la economía se la prioriza antes de cualquier otro aspecto que ayude al desarrollo de un país. Como menciona la UNESCO (2020), las personas encuentran arte y cultura con el fin de “buscar calmar la ansiedad, liberar el estrés provocado por el confinamiento y buscando ese efecto calmante y de relajación que produce la cultura en los seres humanos”. El arte tiene un efecto terapéutico, tanto para quien lo realiza como para quien lo aprecia.
Si es que, como menciona en la sección quinta, artículo 377 de la Constitución vigente “se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales”, ¿por qué no hay políticas públicas que promuevan el desarrollo de este sector? ¿Por qué siempre gana lo que se considera como “buena economía” y no la cultura? O, que en el contexto en el cual nos encontramos, que protejan al arte y la cultura de ser forzados a detenerse, pausar o cerrar por falta de “atención”.
Las butacas del teatro Sanchez Aguilar. foto: cortesía del teatro
La falta de un marco legal o simbolismos estatales que apoyan y posicionan al arte y la cultura de este país es palpable. No hay seguridad social para artistas, no hay presupuesto destinado a proyectos ni planificación del mismo. Es evidente —a detallarse más abajo— que la precarización de lxs artistas y gestorxs culturales incrementó en el 2020 por las medidas tomadas para la erradicación de la pandemia por COVID-19.
Insisto en ser repetitiva: se necesitan políticas públicas que avalen la gestión cultural; tanto de una persona natural como en una institución pública o privada. El arte y la cultura no es entretenimiento, no es el propósito de unx artista o gestorx. “Nadie abre un teatro con el fin de convertirse en una empresa”, como me comentaban por teléfono Javier y Ricardo Velasteguí, fundadores de Pop-Up, microteatro en Guayaquil con 7 años de trayectoria.
Todas las personas entrevistadas para la redacción de este artículo concluyen en lo mismo: los teatros no existen; como lo podemos ver en el marco legal demostrado en este texto. Lástima sentí al saber de sus bocas que hay teatros que prefieren quedarse atrás —legalmente o recurrir al cierre de puertas— por el papeleo innecesario, la alta tasa de impuestos que termina dejando sin ingresos a la administración y mantenimiento del teatro. Es por esto que, citando a Javier Velasteguí, los procesos no deberían ser tan burocráticos y urge la conexión de entidades públicas para la formulación de permisos.
Comprender el arte y la cultura como un nuevo desarrollo
Recordemos que el desarrollo de un país no solo se lo mide por su economía; el arte y la cultura son factores importantísimos para lograr el mismo. Podemos rescatar de Adorno y Horkheimer que “la industria cultural es el conjunto de empresas e instituciones cuya principal actividad económica es la producción de cultura con fines lucrativos”. Estos crean mecanismos con el fin de aumentar el consumo de sus productos, modificar los hábitos sociales, educar, informar y transformar a la sociedad.
Es por esto por lo que la cultura es una herramienta importantísima para la política; como explica Néstor García Canclini,escritor y antropólogo argentino, existen poderes oblicuos que otorga la misma: la reorganización estructural del poder. 1. Cómo opera el poder y quien lo ejerce, 2. El poder asume distintas formas y direcciones. 3. Cambia también por los medios masivos, políticos que también influyen para la recreación de la cultura. Y no olvidemos de mencionar el poder blando (poder persuasivo; concepto de Joseph Nye) que estos ejercen. El cual Estados Unidos es un caso excelente de estudio del uso del mismo; con solo ver la Ceremonia de Inauguración de la nueva administración de Biden podemos ver la potencia simbólica de que Lady Gaga esté cantando el Himno Nacional.
Si en Ecuador se le diera más importancia al arte y a la cultura a nivel estatal, estas serían herramientas vitales y poderosas para la educación y politización de espacios; y, me atrevo a decir, se lograría tener una ciudadanía más participativa.
Claro está que la pandemia ha sido algo inesperado y que a varios sectores económicos y comerciales les ha afectado terriblemente. Y, no tan sorprendente, uno de estos sin duda es el arte y la cultura. El Ministerio de Cultura y Patrimonio difundió a principios de Abril 2020 el primer boletín del impacto económico del Covid-19 en el sector de Arte y Cultura del Ecuador; el cual indica que el valor estimado de pérdida por 15 días de paralización es de $11.805.687,50 USD. De este monto, se especifica que $1.068.065,09 competen a “espectáculos musicales y escénicos, así como salas de conciertos y teatros”. Cabe destacar que, acorde a este boletín, el 70% de las actividades artísticas están paralizadas. Por otro lado, en el mismo boletín, gracias a un trabajo en conjunto con el INEC, Quito (26,11%) y Guayaquil (22,57%) son las ciudades principales con mayor empleo cultural.
Se necesita dejar de ponerle trabas a quienes deciden crear arte y establecer espacios culturales. La economía naranja es una excelente vía para el desarrollo de este país y se necesita, volviendo a la insistencia, crear e implementar políticas públicas que ayuden y promuevan el crecimiento de este sector. Como por ejemplo, la Universidad de las Artes —ubicada en Guayaquil— expuso y difundió una petición para que la ciudadanía firme con el fin de que el COE Nacional lance nuevas medidas que declaren a la cultura como servicio esencial. Ya que, no hay seguridad social para artistas, no hay presupuesto destinado a proyectos ni planificación del mismo. Recordemos que el rol del Estado es asistir y, tanto la cultura como el comercio son igual de importantes para el desarrollo de un país.
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Gracias a Fabiola, Ramón, Juana, Ricardo, Javier y Denisse por ayudarme a darle forma a este artículo y por la resistencia en la lucha por la visibilidad de los teatros en el país.
